La norma actual prevé que la Secretaría de Finanzas puede sugerir su cancelación; el diputado del PAN propone trasladar la facultad al Congreso del Estado
Morelia, Mich., a 30 de octubre de 2011.- Con el objetivo de evitar malas interpretaciones o el mal uso de los recursos y de los derechos a cargo del Poder Ejecutivo Estatal es necesario clarificar y regular los procedimientos a seguir en el caso de los créditos que sean considerados incobrables, señaló el Vicepresidente del Congreso del Estado, Gonzalo Elvira Cabrera.
Justamente para subsanar disposiciones legales que pudieran prestarse a malos manejos o a suspicacias respecto del desempeño de las autoridades administrativas del Gobierno del Estado de Michoacán, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) impulsa una iniciativa de reforma a la fracción XVI del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán.
Gonzalo Elvira explicó que de acuerdo con las disposiciones actuales, el numerando mencionado establece como atribución de la Secretaría de Finanzas y Administración la de proponer al gobernador, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo Estatal la cancelación de créditos a favor de la administración estatal que pudieran ser calificados como incobrables.
En este tenor, el legislador panista afirmó que la norma vigente puede ser mal empleada por malos servidores públicos, por lo cual en su iniciativa de reforma presentada el pasado 8 de septiembre consideró necesario clarificar y regular el proceso para evitar malos manejos, malas interpretaciones y suspicacias de cualquier tipo.
Así, Elvira Cabrera plantea la modificación a la fracción XVI del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán con la intención de transferir la atribución de proponer al Ejecutivo Estatal la cancelación de créditos incobrables a su favor.
Lo que se requiere, abundó el Vicepresidente del Congreso del Estado, es contar con disposiciones más estrictas, a fin de no dejar precisamente lugar a dudas o malas interpretaciones en perjuicio del Gobierno del Estado de Michoacán y de la propia Secretaría de Finanzas y Administración